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Pruebas
Selectivas
Turno
Libre











CUERPO AYUDANTE
DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS












Primer ejercicio
Primera parte cuestionario


Madrid-Santa Cruz de Tenerife, 03-09-2.000








1.- El Tribunal Constitucional, con relación al derecho a la tutela judicial electiva
proclamado en el artículo 24.1 de la Constitución española, ha ido perfilando qué
debe entenderse por tutela efectiva de Jueces y Tribunales. Dentro de tal
doctrina, uno de los siguientes no puede considerarse como motivo de
indefensión:
a) El incumplimiento de las normas reguladoras dejos actos de comunicación
procesal.
b) La incongruencia procesal.
c) La atribución indebida de un asunto a una jurisdicción especial.
d) La imposibilidad de acceso al proceso ya los recursos.
2.- Con respecto al estado de excepción previsto en el artículo 55.1 de la
Constitución española, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) La declaración del estado dc excepción y su finalización corresponde
siempre al Congreso de los Diputados.
b) La declaración del estado de excepción corresponde al Congreso de los
Diputados y su prórroga y finalización anticipada al Gobierno.
c) La declaración del estado de excepción corresponde al Gobierno, debiendo
autorizar su prórroga, en caso necesario, el Congreso de los Diputados.
d) La declaración del estado de excepción corresponde al Gobierno, previa
autorización del Congreso de los Diputados, que también debe autorizar,
en su caso, su finalización anticipada.
3.- ¿Podría ser suspendido el disfrute de una licencia por enfermedad de las
contempladas en el artículo 69 del texto articulado de la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado por un órgano administrativo distinto al que la concedió?
a) Si, pero se requiere informe, preceptivo y vinculante, del órgano
administrativo que la concedió.
b) No, sólo podría revocaría el órgano que la concedió.
c) Si, por causas justificadas.
d) Sí, pero sólo en el supuesto en que exista un informe médico que ampare
la decisión.
4.- En el procedimiento que finalmente culmina con la publicación del Real
Decreto 1449/2.000, de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio del interior, tienen intervención
diferentes titulares de Departamentos ministeriales a nivel de iniciativa,
conformidad y propuesta; indique cuáles:
a) Interior, Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Interior, Economía y Presidencia.
c) Interior, Hacienda y Presidencia.
d) Interior, Defensa y Administraciones Públicas.
5.- El Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
en su artículo 123, establece que a los efectos de elaboración de los proyectos, se
clasificarán las obras, según su objeto y naturaleza, en determinados grupos. Uno
de los siguientes no está contemplado en el precepto indicado:
a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación.
b) Obras de prospección y corrección del impacto medioambiental.
c) Obras de conservación y mantenimiento.
d) Obras de demolición.
6.- La Constitución española de 1.978 garantiza la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos en:
a) El Capítulo 1 del Título 1.
b) El artículo 10, correspondiente al Título 1.
c) El Titulo Preliminar.
d) El Preámbulo.
7.- Solo una de las siguientes funciones está contemplada y atribuida como
tal a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en el Real Decreto
1449/2.000, de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio del Interior:
a) La administración y gestión del personal que preste servicios en los centros
y servicios dependientes de la Dirección General.
b) Diseñar, impulsar, coordinar, evaluar y efectuar el seguimiento de
programas de prevención de las drogodependencias y de asistencia y
reinserción de los drogodependientes.
c) La vigilancia e investigación de las conductas de los funcionarios,
contrarias a la ética profesional.
d) La aprobación de los planes y programas de infraestructuras y material en
el ámbito de la seguridad.
8.- En materia de retribuciones de funcionarios públicos, ¿qué órgano
administrativo debe considerarse competente para efectuar una deducción
proporcional de retribuciones a un funcionario del Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias destinado en un Establecimiento Penitenciario
cuando existe diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de
trabajo y la efectivamente realizada?
a) El Ministro del Interior.
b) El Subdirector General de Personal de Instituciones Penitenciarias.
c) El Subsecretario del Departamento.
d) El Administrador Habilitado del Centro Penitenciario
9.- Una de las siguientes no puede considerarse que constituya una nota
característica del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que
integran la nación española, proclamado en el artículo 2 de la Constitución
española:
a) La voluntariedad de su ejercicio.
b) La discrecionalidad en su otorgamiento.
c) La igualdad en su contenido.
d) La progresividad en su integración.
10.-Los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en
situación de incapacidad temporal por accidente de trabajo, sin hijos a su cargo,
desde el cuarto mes de licencia, percibirán los siguientes derechos económicos:
a) Los previstos en el artículo 69 del testo articulado dc la Ley de
Funcionarios Civiles del Estado.
b) El ochenta por ciento de las retribuciones básicas y complementarias.
c) Las retribuciones complementarias totales y el setenta y cinco por
retribuciones básicas devengadas en el primer mes de licencia.
d) Las retribuciones básicas y un subsidio por incapacidad temporal cuya
cuantía debe ser determinada en cada caso.
11.- El artículo 61.2 del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
establece que podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse
a ejercicios posteriores a aquél en que se autorice siempre que se encuentren en
alguno de los casos que en el propio precepto se enumeran. Uno de los siguientes
no está contemplado entre éstos:
a) Cargas financieras de las Deudas del Estado y de sus Organismos
autónomos.
b) Inversiones y transferencias de capital.
c) Pasivos financieros.
d) Transferencias corrientes derivadas de normas con rango de Ley.
12.- Para que un funcionario público pueda participar, por tiempo no superior
a seis meses, en programas o misiones de cooperación internacional al servicio
de organizaciones internacionales, Entidades o Gobiernos extranjeros en los que
conste el interés de la Administración:
a) Deberá ser declarado en situación de servicios especiales.
b) Deberá acordarse su comisión de servicios.
c) Se le deberá declarar, previa solicitud del interesado, en excedencia
voluntaria por servicios en el sector público.
d) No puede participar de ningún modo en ese tipo de programas o misiones
si el periodo no es superior a seis meses.
13.- En los contratos administrativos de obras, ¿el proyecto deberá incluir
siempre un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a
ejecutar?
a) Si, en todo caso.
b) Sólo en los contratos de primer establecimiento, reforma o gran reparación.
c) Si, salvo que resulte incompatible con la naturaleza de la obra.
d) Sólo en los contratos de concesión de obra pública.
14.- El procedimiento de babeas corpus, recogido en el artículo 17.4 de la
Constitución española de 1.978:
a) Trata de proteger la inviolabilidad del domicilio como derecho fundamental.
b) Regula la forma en que puede practicarse una detención por particulares.
c) Produce la inmediata puesta de disposición judicial de toda persona
detenida ilegalmente
d) Establece mecanismos para señalar el plazo máximo de duración de las
penas privativas de libertad.
15.- Con relación a los documentos contables del Presupuesto de Gastos, para
el registro de los acuerdos de no disponibilidad se utilizará:
a) El Documento RC dc ejercicio corriente.
b) El Documento especifico RC-102.
c) El Documento RC de ejercicios posteriores.
d) El Documento O.
16.- Es un deber del voluntario, según el artículo 7 de la Ley 6/1996, seis de
enero:
a) Guardar, en todo momento, confidencialidad de la información recibida y
conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria.
b) Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y
conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria.
c) Rechazar ser reembolsado por los gastos realizados en el desempeño de
sus actividades.
d) Realizar otras actividades distintas a los compromisos adquiridos con la
organización en la que se integre, siempre que sean necesarias para el
cumplimiento de 105 objetivos marcados.
17.- Según lo determinado en su Exposición de Motivos, el objeto de la Ley
4/1.999, de 13 de enero, se circunscribe a modificar los aspectos más
problemáticos de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
la opinión de la doctrina y de los aplicadores del derecho. Señale cuál de los
siguientes aspectos no ha sido objeto de reforma:
a) La regulación del silencio administrativo.
b) La incorporación de medios técnicos.
c) La responsabilidad patrimonial.
d) La regulación de la suspensión del acto administrativo.
18.- Los plazos establecidos en el Texto refundido de la Administraciones
Públicas se entenderán:
a) Que son de días hábiles, si no se indica otra cosa
b) No existen previsiones especificas sobre el cómputo de plazos
c) Que son de días naturales, si no se indica otra cosa
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
19.- El plazo de rendición de cuentas para las cantidades libradas con el
carácter de "pagos de justificar" será de:
Ley de Contratos de las
a) De un mes y, excepcionalmente, de tres meses, sin posibilidad de
ampliación.
b) De tres meses, con ciertas excepciones en las que se admite la rendición en
seis meses sin otra posibilidad de ampliación.
c) De tres meses, con ciertas excepciones en las que se admite la rendición en
nueve meses, si bien estos plazos podrán ser excepcionalmente ampliados
a seis y dieciocho meses.
d) De tres meses, con ciertas excepciones en las que se admite la rendición en
seis meses, si bien estos plazos podrán ser excepcionalmente ampliados a
seis y doce meses.
20.- Si el Director de un Establecimiento Penitenciario, sin más trámite,
nombra a un funcionario del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias
como Subdirector de Régimen del mismo Establecimiento, estaríamos hablando
de un acto administrativo:
a) Anulable, porque se ha incurrido en una infracción del ordenamiento
jurídico.
b) Que, no obstante su obvia anulabilidad, puede ser convalidado por el
órgano competente para el nombramiento de puestos de libre designación.
c) Nulo de pleno derecho.
d) Anulable, porque se ha incurrido en desviación de poder.
21.- Los trabajadores de Instituciones Penitenciarías incluidos en el ámbito de
aplicación del Convenio Único para el personal laboral de la Administración del
Estado, no tendrán derecho a la suspensión di' contrato con reserva del puesto
(le trabajo y cómputo del tiempo a efectos de antigüedad en uno de los siguientes
supuestos:
a) Por el cumplimiento de la prestación social.
b) Por el tiempo dc privación de libertad, mientras no exista sentencia
condenatoria firme.
c) Por nombramiento para alto cargo de un Ayuntamiento.
d) Por estudios en el extranjero por tiempo no superior a tres meses.
22.- En las comisiones de servicios de carácter forzoso que implican cambio de
residencia del funcionario, el cese y la toma de posesión deberán producirse en
el plazo de:
a) Tres días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios.
b) Un mes desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios.
c) Treinta días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios.
d) Quince días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios.
23.- Dentro de la estructura retribuida de los funcionarios, el complemento de
productividad está destinado a retribuir, entre otras circunstancias, sólo una de
las siguientes:
a) El especial rendimiento.
b) La incompatibilidad.
c) Las condiciones particulares de dedicación.
d) La realización de servicios extraordinarios.
24.- Con relación a la Constitución española de 1.978, indique cual de
afirmaciones es falsa:
a) El Capítulo I del Titulo! trata "De los españoles y los extranjeros".
b) El Capitulo III del Título VIII traía "De las Comunidades Autónomas".
c) El Capitulo IV del Titulo III trata "De las relaciones entre el Gobierno y
Generales".
d) El Capítulo II del Titulo!!! trata "De la elaboración de las leyes"
25.- La Ley 30/1.992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
articulo 42.4, establece como obligación de aquéllas informar a los interesados
del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación
de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio
administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del
acuerdo de iniciación de oficio o en comunicación que se les dirigirá al efecto
dentro:
a) De los quince días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del
órgano competente para resolver.
b) De los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del
órgano competente para resolver.
c) De los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del
órgano competente para resolver.
d) Del plazo más breve posible.
26.- Sólo una de las siguientes funciones corresponde al Consejo de Ministros:
a) Establecer el programa político del Gobierno, determinar las directrices de
la política interior y exterior y velar por su cumplimiento.
b) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su
aplicación provisional
c) Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia.
d) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los
diferentes Ministerios.
27.- El Tratado que instituye la Comunidad Económica Europea fue firmado por:
a) Francia, Alemania. Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia e Inglaterra en
Bruselas el 8 de abril de 1965.
b) Francia, Alemania Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Inglaterra en París el
18 de abril de 1951.
c) Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Luxemburgo en Roma el 25 de marzo
de 1957.
d) Los mismos países que habían firmado el Tratado constitutivo de la CECA.
28.- No está incluido en el ámbito de aplicación de Convenio Colectivo Único
para el personal laboral de la Administración del Estado, una de las siguientes
categorías laborales que prestan servicio en la Administración Penitenciaria;
a) Técnico Especialista en Jardín dc Infancia.
b) Peón Especialista.
c) Farmacéutico.
d) Fisioterapeuta.
29.- No podrán presentar quejas al Defensor del Pueblo:
a) Los internos penados en los Establecimientos Penitenciarios en asuntos
que sean competencia del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
b) Los internos extranjeros pendientes de expulsión.
c) Las autoridades administrativas en asuntos de su competencia.
d) Los funcionarios de carrera de las Administraciones autonómicas.
30.- Conforme al Real Decreto 1449/2.000, de 28 de julio, por el que se
modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, de
la Secretaria de Estado de Seguridad dependerán los siguientes órganos
directivos:
a) Dirección General de la Policía, Dirección General de la Guardia Civil,
Dirección General de Instituciones Penitenciarias y Dirección General de
Administración de la Seguridad.
b) Dirección General de la Policía, Dirección General de la Guardia Civil y
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
c) Dirección General de la Policía, Dirección General de la Guardia Civil,
Dirección General de la Administración de la Seguridad y la Subsecretaria
de Interior.
d) Dirección General de la Policía, Dirección General de la Guardia Civil y
Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad.
31.- Los conflictos que surjan entre los voluntarios y las organizaciones a las
que pertenezcan en el ejercicio de las actividades propias del voluntariado se
dirimirán;
a) Siempre por el órgano de la jurisdicción social que resulte competente, de
acuerdo con el procedimiento especial establecido en la legislación laboral.
b) Siempre en un acto de conciliación, sin ulterior trámite.
c) Por la jurisdicción competente, de conformidad con lo establecido por las
normas procesales.
d) No están previstas normas para la resolución de conflictos entre 105
voluntarios y las organizaciones en que se integran.
32.- Con relación a la incorporación de medios técnicos, según lo establecido
en el artículo 45.4 de la ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los
programas y aplicaciones electrónicos, informáticos y telemáticos que vayan a
ser utilizados por las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
potestades:
a) Pueden ser empleados sin más.
b) No pueden ser aplicados si no está previsto expresamente en la regulación
concreta del procedimiento en que vayan a ser empleados.
c) Habrán de ser previamente aprobados por el órgano competente, quien
deberá difundir públicamente sus características.
d) Deben ser previamente homologados por la Unión Europea.
33.- Con relación a los actos administrativos, se hace referencia a la
"transmisibilidad" cuando:
a) La nulidad o anulabilidad de un acto no implica que produzca los efectos
de otro distinto siempre que contenga los elementos constitutivos de éste.
b) La nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los sucesivos en el
procedimiento que sean independientes dc aquél.
c) Se produce la convalidación del acto.
d) Se conservan aquéllos actos y trámites del procedimiento cuyo contenido
se hubiese mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
34.- En el procedimiento de contratación administrativa, los expedientes de
contratación podrán ser en cuanto a su tramitación:
a) Ordinarios o urgentes.
b) Ordinarios, preferentes o urgentes.
c) Ordinarios, urgentes y de emergencia.
d) Ordinarios y de emergencia.
35.- Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 124 de la Constitución,
uno de los siguientes no constituye un principio básico en el ejercicio de las
funciones del Ministerio Fiscal:
a) Dependencia jerárquica.
b) Discrecionalidad en el ejercicio de la función.
c) Unidad de actuación.
d) Imparcialidad.
36.- Las convocatorias de los concursos para la provisión dc puestos de trabajo
en la Administración general del Estado las autorizará:
a) La Secretaría de Estado para la Administración Pública.
b) El Ministerio al que estén adscritos los puestos a cubrir
c) La Subsecretaría del Departamento ministerial al que estén adscritos los
puestos a cubrir.
d) La Subdirección General u Órgano encargado de la gestión de personal de
la Dirección General al que estén adscritos los puestos a cubrir.
37.- Cuando se incoe un expediente disciplinario a un funcionario que ostente la
condición de Delegado sindical, Delegado de personal o cargo electivo a nivel
provincial, autonómico o estatal en las Organizaciones Sindicales más
representativas, deberá notificarse dicha incoación a la correspondiente Sección
Sindical, Junta de Personal o Central Sindical:
a) En todo caso, a fin de que asuman formalmente la defensa del funcionario.
b) En todo caso, a fin de que gestionen la baja provisional como Delegado
sindical, Delegado de personal o cargo electivo.
c) En todo caso, a fin de que puedan ser oídos durante la tramitación del
procedimiento.
d) Sólo si el funcionario lo solicita expresamente al Instructor del expediente.
38.- Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 120.1 de la Constitución,
las actuaciones judiciales, ¿deben ser públicas?:
a) Siempre, en todo caso y circunstancia.
b) Deben serlo, con las excepciones previstas en las leyes de procedimiento.
c) Nunca.
d) No, excepcionalmente sólo serán públicas cuando lo autorice el Presidente
del Tribunal o el Juez correspondiente.
39.- Conforme a lo establecido en el Texto refundido de la Ley General
Presupuestaria y con relación a los Organismos cuyas operaciones son
preponderantemente de carácter comercial, industrial, financiero o análogo, el
ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, sin perjuicio de los ajustes
necesarios cuando las operaciones a realizar por el Organismo autónomo estén
vinculadas a un ciclo productivo distinto, que no podrá ser superior a:
a) Dieciocho meses.
b) Veinticuatro meses
c) Doce meses.
d) Nueve meses.
40.- El actual Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la
Administración del Estado fue aprobado por:
a) Real Decreto 30/1986, de 2 de agosto.
b) Real Decreto 161/1986, de 25 de abril.
c) Real Decreto 33/1986, de l0 de enero.
d) Real Decreto 97/1986, de 10 de enero.
41.- Las sanciones impuestas a funcionarios públicos por la comisión de una
falta muy grave prescribirán a:
a) A los tres años de adquirir firmeza la resolución por la que se impuso la
que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiera comenzado.
b) A los dos años de adquirir firmeza la resolución por la que se impuso la
que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiera comenzado.
c) A los cuatro años de adquirir firmeza la resolución por la que se impuso la
que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiera comenzado.
d) A los seis años de adquirir firmeza la resolución por la que se impuso la
que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiera comenzado.
42.- El Fiscal General del Estado es nombrado:
a) Por el Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, oído el
Consejo General del Poder Judicial.
b) A propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder judicial.
c) Por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del
Gobierno, oído el informe de la Comisión de Justicia e Interior del
Congreso de los Diputados.
d) A propuesta del Presidente del Gobierno, oído el Consejo Fiscal.
43.- La facultad de proveer todos los puestos de libre designación en el ámbito
de la Dirección General de Instituciones penitenciarias, corresponde:
a) Al Subsecretario del Ministerio del Interior.
b) Al Director General de Instituciones Penitenciarias.
c) Al Ministro del Interior.
d) A la Subdirección General de Personal e Inspección del Ministerio del
Interior
44.- Sólo uno de los siguientes se encuentra entre los requisitos que deben
reunir las actividades del voluntariado. Indíquelo.
a) Que, además de solidarias, se lleven a cabo sin recibir contraprestación
económica de ningún tipo por los gastos que el desempeño de la actividad
voluntaria ocasione.
b) Que tengan su causa en una obligación personal o deber jurídico.
c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del
derecho al reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad
voluntaria ocasione.
d) Que se traten de actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas
al margen de organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro,
ejecutadas por razones familiares, de amistad o buena vecindad.
45.- Con respecto a la eficacia de los actos administrativos, según lo dispuesto
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el órgano a quien competa resolver el
recurso interpuesto contra un acto administrativo podrá suspender a solicitud
del recurrente la ejecución del acto impugnado cuando concurran determinadas
circunstancias. El silencio administrativo sobre tal solicitud, ¿cuándo se
producirá?, ¿qué efecto tendrá?:
a) Transcurrido un mes desde la entrada de la solicitud en el registro del
órgano competente y tendrá efecto positivo o favorable.
b) Transcurridos treinta días desde la entrada de la solicitud en el registro del
órgano competente y tendrá efecto negativo o desfavorable.
c) Transcurrido un mes desde la entrada de la solicitud en el registro del
órgano competente y tendrá efecto negativo o desfavorable.
d) Transcurridos treinta días desde la entrada de la solicitud en el registro del
órgano competente y tendrá efecto positivo o favorable.
46.- Con relación al artículo 2 de la Constitución española, uno de los
siguientes no es un principio fundamental establecido en el mismo:
a) La unidad de la nación española.
b) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.
c) La diferenciación entre regiones.
d) La solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones.
47.- Cuál de las siguiente acciones realizadas por los funcionarios en el ejercicio
de sus cargos se considera falta grave.
a) El abandono de servicio.
b) La falta de asistencia injustificada dc un día.
c) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses,
cuando las dos anteriores hubieren sido objeto de sanción por falta leve.
d) La tercera falta injustificada de asistencia en un periodo de tres meses,
siempre que entre las tres faltas se haya acumulado un incumplimiento de
jornada de 10 horas.
048.- ¿Cuántas reformas ha sufrido la Constitución española de 1.978 desde su
entrada en de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del propio
texto?:
a) Ninguna en base al artículo indicado pero una de conformidad con lo
establecido en el artículo 168.
b) Tres.
c) Una.
d) Dos.
49.- Según el artículo 36.1 del Reglamento aprobado por Real Decreto
364/1.995, de 10 de marzo, los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se
proveerán de acuerdo con los siguientes procedimientos:
a) Concurso, oposición y libre designación.
b) Concurso, oposición y concurso-oposición libre.
c) Concurso y adscripción provisional.
d) Concurso y libre designación.
50.- Según el vigente Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado, los Planes de Empleo se aprobarán por:
a) El Ministerio de Economía y Hacienda, oída la Dirección General de la
Función Pública
b) El Ministerio u Organismo afectado o, conjuntamente, por los Ministerios
para las Administraciones Públicas y Economía y Hacienda.
c) El Ministerio de Economía y Hacienda, con informe favorable del Secretario
de Estado para la Administración Pública, previa negociación con las
Organizaciones Sindicales en los términos establecidos en la Ley 9/1987,
de 12 de junio, de Órganos de representación, determinación de las
condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las
Administraciones públicas.
d) Secretario de Estado para la Administración Pública con informe favorable
del Ministerio de Economía y Hacienda, previa negociación con las
Organizaciones Sindicales en los términos establecidos en la Ley 9/1987,
de 12 de junio, de Órganos de representación, determinación de las
condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las
Administraciones públicas.
51.- Dentro del Titulo XIX del Código Penal, dedicado a los Delitos contra la
Administración Pública, el tráfico de influencias:
a) Está contemplado en el Capítulo-VI.
b) No está contemplado en el Titulo indicado, sino en el posterior que trata de
los Delitos contra la Administración de Justicia.
c) Ha dejado de estar penado recientemente.
d) Está contemplado en el Capítulo-IV.
52.- En el desarrollo histórico de la pena privativa de libertad los nombres de
Walter Crofton y Alexander Maconoehie están vinculados al sistema de
cumplimiento de la pena privativa de libertad denominado:
a) Sistema filadélfico
b) Sistema de Elmira.
c) Sistema progresivo.
d) Sistema de individualización científica.
53.- El que solicitare favores de naturaleza sexual, para si o para un tercero1 en
el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios,
continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una
situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, comete un
delito de:
a) Coacción sexual.
b) Abuso sexual.
c) Agresión sexual.
d) Acoso sexual.
54.- Según el artículo 406 del Código Penal, a la persona que acepte la
propuesta, nombramiento o toma de posesión para el ejercicio de un
determinado cargo público a cualquier persona sabiendo que carece de los
requisitos legales exigibles, se le impondrá una pena de:
a) Multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por
tiempo de seis meses a dos años
b) Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a
diez años.
c) Multa de tres a ocho meses.
d) Suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años
y multa de ocho meses a tres años.
55.- La pena contemplada para un funcionario de Instituciones Penitenciarias
por la comisión de un delito de tortura respecto de detenidos, internos o presos
que se encuentren bajo su custodia es la siguiente:
a) Prisión dedos a cuatro años si el atentado no fuera grave e inhabilitación
absoluta de ocho a doce años
b) Prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave e inhabilitación
absoluta de ocho a doce años
c) Prisión de uno a tres años si el atentado fuera grave e inhabilitación
absoluta de ocho a doce años
d) Prisión de dos a seis años si el atentado no fuera grave e inhabilitación
absoluta de ocho a doce años.
56.- Los que, con animo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir
error en otro, induciéndolo a realizar el acto de disposición en perjuicio propio o
ajeno, cometen delito de;
a) Defraudación
b) Extorsión
c) Estafa
d) Apropiación indebida
57.- A la autoridad o funcionario público que abandonare su destino Con el
propósito de impedir y perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los
Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV del Código Penal:
a) Se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo
público por tiempo de tino a tres años
b) Se la castigará con la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación
absoluta para empleo o cargo público por tiempo de seis a dieciocho meses.
c) No se le puede imponer pena alguna.
d) Se le impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo
público por tiempo de uno a tres años y multa de ocho a doce meses.
58.- Contra las resoluciones de los jueces de instrucción podrán ejercitarse los
recursos de:
a) Súplica y queja.
b) Reforma y queja.
c) Casación, reforma y apelación.
d) Reforma, apelación y queja.
59.- El denominado Procedimiento Abreviado se aplicará al enjuiciamiento de
los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a:
a) 6 años.
b) 9 años.
c) 6 años y 1 día.
d) 4 años, 2 meses y 1 día.
60.- Dentro del desarrollo histórico de la pena privativa de libertad
encontramos, como sistema de cumplimiento de las penas privativas de libertad,
el denominado auburniano (1.821); una de los siguientes no es una característica
del mismo:
a) Aislamiento nocturno.
b) Regla del silencio.
c) Sentencia indeterminada.
d) Trabajo en común durante el día.
61.- Independientemente del delito cometido por el sujeto activo, autoridad o
funcionario, la información obtenida bajo tortura, ¿surtirá efecto como prueba de
la comisión de un delito de asesinato del que, a su vez, se acusa como autor al
sujeto pasivo?.
a) Si, al tratarse de un delito grave contra las personas.
b) No, de ningún modo.
c) Depende de lo que decida, en la libre valoración de la prueba, el Juez o
Tribunal, ya que nada dice al respecto cl ordenamiento jurídico.
d) Con los elementos de juicio ofrecidos en la pregunta no puede darse una
respuesta terminante.
62.- La ley penal es retroactiva:
a) En todos los casos.
b) En ningún caso.
c) Cuando favorezca al reo salvo que al entrar en vigor hubiere recaído
sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena.
d) Siempre que favorezca al reo.
63.- El Juez competente para conocer del recurso de reforma es:
a) El juez que hubiere dictado la resolución impugnada.
b) El juez que fije el juzgado decano, que es siempre ante quién se interponen
este tipo de recursos.
c) El Tribunal Superior competente.
d) El recurso de reforma es un recurso administrativo y, en consecuencia, no
lo conoce ningún juez, sino la autoridad administrativa competente.
64.- De las siguientes afirmaciones sólo una es verdadera, señale cual:
a) Los delitos de agresión sexual pueden cometerse en comisión por omisión,
sólo cuando lo prevea expresamente la ley.
b) Nunca pueden cometerse los delitos de agresión sexual por comisión por
omisión porque faltaría el concepto mismo de acción.
c) Si existe una persona garante, los delitos de agresión sexual pueden
cometerse por comisión por omisión.
d) En los delitos de agresión sexual siempre es necesaria la presencia de dolo.
65.- En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo (artículo 71 de la Constitución española), contra las
sentencias de ésta, ¿podrá interponerse recurso de casación?:
a) Sí, excepcionalmente, pues se trata de una sentencia dictada en única
instancia.
b) No, únicamente puede interponerse recurso de apelación.
c) No, puesto que no procede respecto de las sentencias pronunciadas por el
Tribunal Supremo.
d) Si, toda vez que, cuando se ha llegado a esta fase del proceso, ya se ha
obtenido autorización ante cl Congreso o el Senado, según se trate de un
diputado o un senador.
66.- El Título XVIII del Código Penal vigente lleva la siguiente rúbrica:
a) De los delitos contra la seguridad colectiva.
b) De los delitos contra la Administración Pública.
c) De los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
d) De las falsedades.
67.- En el artículo 255 del Código Penal la pena contemplada para el delito de
defraudación es la siguiente:
a) Prisión de seis meses a dos años.
b) Multa de seis a doce meses.
c) Multa de tres a doce meses.
d) Prisión de seis meses a cuatro años.
68.- A tenor de lo establecido en el artículo 17 del Código Penal, cuando dos o
mas personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo
estamos ante...
a) La proposición para delinquir.
b) La provocación para delinquir.
c) Actos preparatorios para la ejecución del delito, punibles en todo caso.
d) La conspiración para delinquir
69.- La persona que al tiempo de cometer el delito se encuentra en estado de
intoxicación plena como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas:
a) Se encuentra exento de responsabilidad criminal siempre
b) Se encuentra exento de responsabilidad criminal siempre que hubiere
buscado esa situación para cometer el delito
c) Será responsable criminal de su acción siempre que hubiere buscado esa
situación para cometer la infracción penal.
d) Será responsable criminal de su acción siempre que no hubiere buscado
esa situación para cometer la infracción penal.
70.- Según la teoría del carácter secundario del Derecho Penal:
a) Esta rama del Derecho no es autónoma con respecto al Derecho
Administrativo.
b) Al mismo sólo le corresponde una función valorativa.
c) Esta rama del Derecho no es autónoma con respecto al Derecho Procesal.
d) Al mismo sólo le corresponde una función sancionadora.
71.- El principio de no entrega del nacional forma parte de las limitaciones a la
extradición:
a) Por razón del principio de territorialidad.
b) Por razón de la índole de los delitos.
c) Por razón de las penas.
d) Por razón de la índole del delincuente.
72.- Será Tribunal competente para conocer del recurso de apelación, contra
un auto de un Juez de Instrucción:
a) La Sala Segunda del Tribunal Supremo.
b) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en cuyo
territorio encuentre el Juzgado que dictó la resolución recurrida.
c) El tribunal a quién correspondiere el conocimiento de la causa en juicio
oral.
d) El Tribunal que designe la Sala de Gobierno de la Audiencia Provincial
donde se encuentra ubicado el Juzgado.
73.- Según lo establecido en el articulo 410.1 del Código penal, al funcionario
público que se negase abiertamente a dar el debido cumplimiento a una orden de
la autoridad superior porque, desde su particular punto de vista, piensa que
constituye una infracción manifiesta, clara y terminante de una resolución
judicial:
a) No se le podría imponer pena alguna porque no incurre en responsabilidad
criminal, según lo establecido en el articulo 410.2 del Código Penal.
b) Se le impondría la pena de multa de doce a veinticuatro meses, e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a
tres años.
c) Se le impondría la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación
especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
d) Se le impondría la pena de multa de tres a veinticuatro meses e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a
tres años.
74.- Por su naturaleza las penas se clasifican en;
a) Graves, menos graves y leves
b) Muy graves, graves y leves
c) Graves y menos graves
d) Muy graves, graves, menos graves y leves
75.- El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación
a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del
de un tercero, comete un delito de:
a) Extorsión
b) Robo con violencia o intimidación
c) Usurpación
d) Hurto con violencia
76.- EI tiempo máximo de cumplimiento efectivo de la pena dc prisión en el
actual Código Penales de:
a) 15 años.
b) 30 años.
c) 25 años.
d) 20 años.
77.- El sistema progresivo diseñado por el Coronel Montesinos en el presidio
correccional de San Agustín de Valencia se dividía en tres períodos: de hierros,
de trabajo y
a) de libertad intermediaría.
b) de libertad condicional
c) de libertad restringida
d) de circulación libre.
78.- En los supuestos de violaciones de los derechos y libertades susceptibles de
amparo constitucional, cometidos a través de actos jurídicos o simple vía de
hecho por las autoridades o funcionarios, una vez agotada la vía judicial
procedente, ¿quiénes están legitimados para interponer el recurso de amparo
constitucional:
a) Únicamente el Defensor del Pueblo.
b) Los que hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el
Defensor del Pueblo y el Ministerio fiscal
c) De oficio por los Jueces o Tribunales que hayan dictado las resoluciones
procedentes, una vez agotada la vía judicial, siempre que las partes o el
Ministerio Fiscal, lo soliciten.
d) La persona o personas afectadas, previo dictamen favorable del Defensor
del Pueblo.
79.- La pena prevista para el delito de homicidio es de:
a) Prisión de quince a veinte años.
b) Prisión de diez a quince años.
c) Prisión de cinco a diez años.
d) Prisión de diez a veinte años.
80.- El denominado principio de celeridad en los procedimientos ante los jueces
y tribunales se recoge en el
a) Artículo 120.2 de la Constitución.
b) Artículo 120.3 de la Constitución.
c) Articulo 24.2 de la Constitución.
d) Artículo 17.2 de la Constitución.
81.- El sobreseimiento, acordado en un procedimiento penal, puede ser:
a) Total o parcial y libre.
b) Libertad provisional y parcial.
c) Total o provisional
d) Libertad provisional, total o parcial.
82.- Una vez recaída sentencia definitiva y recurrida ésta, el límite máximo de
la prisión provisional se prolongará:
a) Hasta el límite de la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida.
b) En ningún caso se prolongará la situación de prisión provisional más allá
desde que se dicte sentencia, sea cual fuere la cuantía de la pena
impuesta.
c) No se establecen nuevos límites por el hecho de haber recurrido sentencia
definitiva, ya que prevalece el principio de presunción de inocencia, por lo
que habrá de estarse a la cuantía de la pena que corresponda al presunto
delito.
d) En ningún caso podrán superarse los cuatro años.
83.- En el Código Penal vigente una de las siguientes no es circunstancia que
cualifique el asesinato:
a) Alevosía.
b) Precio, recompensa o promesa.
c) Premeditación conocida.
d) Ensañamiento.
84.- Una de las siguientes competencias no aparece atribuida a la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo, ¿cuál es?.
a) Conocer de los recursos de casación y revisión.
b) Conocer de ¡a instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el
Presidente del Gobierno.
c) Del enjuiciamiento de los delitos contra el titular de la Corona.
d) De la instrucción y enjuiciamiento de causas contra los Magistrados de la
Audiencia Nacional.
85.- En el delito de detención ilegal cometido por particulares, el
consentimiento prestado con anterioridad o simultaneidad al encierro o
detención, excluye:
a) La acción
b) La tipicidad.
c) La antijuricidad.
d) La punibilidad.
86.- Un interno que extinga una condena inferior a 10 años de privación de
libertad, en condena impuesta conforme al Código Penal de 1973, ¿podrá ejercer
el derecho de sufragio activo en un eventual proceso electoral con carácter
nacional que se lleve a cabo durante cl tiempo de cumplimiento de la condena?.
a) No, toda vez que conforme al Código Penal por el que aparece condenado,
la pena impuesta conlleva la accesoria de inhabilitación especial para el
derecho de sufragio activo y pasivo.
b) No, los penados internados en Centros Penitenciarios no pueden votar en
elecciones, ni presentarse a candidatos.
c) Sí, los internos conforme el artículo 3.1 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria podrán ejercer su derecho al sufragio en todos los casos.
d) Si, toda vez que al haber desaparecido en el Código Penal vigente (1995) la
pena accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio activo habría
que aplicar la ley más favorable, y en consecuencia, tendría derecho a
votan
87.-Una persona se dirige por escrito al responsable de un Centro Penitenciario,
y, después de identificarse convenientemente, requiere de éste que le
suministre, por la misma vía, información sobre la ubicación de un interno en el
Centro Penitenciario que dirige, los datos de filiación del mismo, el número de
causa, el juzgado y el motivo del ingreso, y ello sin aclarar en qué funda su
pretensión, ¿debe el responsable del Centro facilitar estos datos al requeriente?.
a) Sí, pues el requeriente se identifica correctamente, y en tanto que
administrado tiene derecho a obtener la información que solicita.
b) Sí, pero sólo los datos de filiación.
c) No, uno de los derechos que tienen los internos es que su condición sea
reservada frente a terceros.
d) No, porque los internos a estos efectos no dependen de la Administración
Penitenciaria, ingresan por mandamiento judicial, y, en consecuencia, esta
persona debería dirigirse para obtener esa información a la Administración
de Justicia.
88.- Un interno que extingue condena conforme a los preceptos del Código Penal
actual (1995) y que, en consecuencia, no redime pena por el trabajo ¿tiene
obligación de limpiar, si es requerido para ello por los Funcionarios, el comedor
del Departamento donde se encuentra?.
a) No, puesto que no redime.
b) Sí, siempre que a cambio de ello obtenga alguna recompensa.
c) No, sólo tiene obligación de limpiar su celda.
d) Sí, tiene que colaborar obligatoriamente en las tareas de limpieza del
Establecimiento, establecidas al efecto por la Administración Penitenciaria.
89.- ¿Qué artículo o artículos prevén la obligatoriedad por parte de la
Administración de informar por escrito a los internos de sus derechos y
obligaciones?
a) El 49 de la ley Orgánica General Penitenciaria y 52 del Reglamento
Penitenciario vigente.
b) Ninguno, puesto que se trata de una norma de funcionamiento interno
regulada por Instrucción del Director General de Instituciones
Penitenciarias.
c) El 3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
d) El 4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el 4 del Reglamento
Penitenciario vigente.
90.- Dentro de la evolución histórica de ¡a legislación penitenciaria en España,
una de las siguientes normas ha sido considerada por la doctrina como la
primera ley penitenciaria española:
a) El Reglamento General de los Presidios peninsulares de 1.807.
b) La Ordenanza General de los Presidios civiles del Reino de 1.834.
c) El Real Decreto de 3 de junio de 1901.
d) La Ordenanza de los Presidios navales de 20 de mayo de 1.804.
91.- Según el Reglamento Penitenciario, la desinfección de las instalaciones de
los Establecimientos penitenciarios se realizará:
a) Cada tres meses.
b) Cuando determine el servicio sanitario del centro penitenciario.
c) Cuando lo establezca los servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma
de pertenencia.
d) Cada dos meses.
92.- La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dispone de una base
de datos de todos los internos ingresados en los diferentes Establecimientos de
ella dependientes. La recogida, tratamiento automatizado y cesión de los datos
en ella obrantes se efectúa de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia.
¿Puede el responsable de la base de datos facilitar información obtenida de la
misma, sobre las convicciones religiosas de un interno a su letrado defensor?.
a) No, en ningún caso, estos datos no pueden ser cedidos o difundidos por
tratarse de datos especialmente protegidos.
b) Sí, si el letrado presenta poder general de representación otorgado por el
recluso.
c) Si, si el letrado presenta poder especial y bastante donde conste
expresamente el consentimiento del interno para que éste pueda tener
acceso de estos datos.
d) Sí, sin más requisitos que acreditar fehacientemente que es su letrado
defensor.
93.- El Dr. Federico Olóriz Aguilera, creador del sistema dactiloscópico
español, dividió los dactilogramas en cuatro tipos fundamentales; como base de
su sistema tomó la clasificación establecida por el argentino Juan Vuceticli. El
tipo dextrodelto del sistema español, ¿a qué tipo corresponde del sistema
argentino de Vucetich?:
a) Arco.
b) Presilla interna.
c) Presilla externa.
d) Verticilo
94.- Los internos pueden solicitar de la Administración Penitenciaria la
rectificación de sus datos de carácter personal contenidos en ¡os ficheros
informáticos penitenciarios que resulten inexactos o incompletos ¿cual es el
plazo máximo para que la Administración informe al interno de la rectificación
efectuada?.
a) Tres meses.
b) No existe plazo establecido.
c) A los diez días de recibirse la solicitud.
d) Dos meses.
95.- Los internos pueden solicitar a su costa servicios médicos privados de
profesionales ajenos a Instituciones Penitenciarias, ¿quién aprueba esta solicitud
y cuáles pueden ser las razones que limiten el ejercicio de este derecho?.
a) Autoriza el Director del Centro, y no puede ser ¡imitada, salvo resolución
judicial.
b) El Centro Directivo es el que autoriza, y puede ser limitado por razones de
seguridad.
c) El Director autoriza previo informe de los Servicios Médicos, qué será el
que fije o no la conveniencia de la misma y limitar de la autorización desde
el punto de vista médico sanitario.
d) Sólo las puede autorizar el Centro Directivo, y el límite al ejercicio de este
derecho vendrá establecido por la posibilidad de atender al interno a través
de los Servicios Sanitarios Públicos.
96.- Según dispone el artículo 3 del Convenio europeo de traslados de personas
condenadas (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 de junio de 1985),
únicamente será posible la transferencia de reclusos si se cumplen ciertas
condiciones. Una de las siguientes no es una condición de las indicadas en el
Convenio, señálela:
a) El condenado deberá ser nacional del Estado de cumplimiento.
b) La duración de la condena deberá ser de, al menos, un año de prisión.
c) La sentencia deberá ser firme.
d) Los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena deberán
constituir una infracción penal con arreglo a la ley del Estado de
cumplimiento o la constituirían si se cometieran en su territorio.
97.- Por regla general, según dispone el artículo 6. 2 del Convenio europeo de
traslado de personas condenadas (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10
de junio de 1985), en caso de solicitar un traslado, el Estado de condena deberá
facilitar al Estado de cumplimiento sólo uno de los siguientes documentos:
a) Documento que contenga la decisión por escrito de aceptar o denegar el
traslado.
b) Documento que contenga una declaración sobre el procedimiento de
cumplimiento de la condena.
c) Documento que indique la condena ya cumplida.
d) Documento que certifique la nacionalidad del condenado.
98.- Un interno que llega de conducción a un Establecimiento Penitenciario,
procedente de otro, en el que estaba participando en una actividad programada
de cría de canarios, al ser registrado en el Departamento de ingresos se le
encuentra un canario, ¿se le permitirá a éste tener en su celda al pájaro?.
a) No, por razones higiénicas no se permite la presencia de animales en las
celdas.
b) Sí, toda vez que el animal no crearía problemas de índole higiénico, y, es
habitual que los internos en primavera tengan consigo pájaros.
c) No, toda vez que 110 SC tienen garantías de que el pájaro sea del interno,
habiendo podido ser sustraído de entre los canarios de la actividad
programada en la que participaba en el otro Centro Penitenciario.
d) No, por razones de defensa y protección de los animales.
99.- Para facilitar el cese de las medidas restrictivas a los internos que tienen
aplicadas las limitaciones regimentales contempladas en el artículo 75.2 del
Reglamento Penitenciario, cl punto 30 del mismo articulo establece que debe
solicitarse del Centro Directivo, mediante acuerdo motivado, el traslado del
recluso a otro Centro penitenciario de similares características. Tratándose de
un interno que se encuentra ingresado a disposición de dos autoridades
judiciales, en calidad de preso, en ambos casos ¿qué órgano de la Administración
debe interesar el traslado, y a quién debe comunicarse la realización del mismo?.
a) El Director, en tanto que autoridad que acuerda la aplicación del régimen
del artículo 75, dando cuenta a las autoridades judiciales de quién
depende.
b) La Junta de Tratamiento que, según el artículo 31 del Reglamento
Penitenciario, es la encargada de formular las propuestas de traslado,
siendo indiferente que se trate de penados o preventivos y que estén a
disposición de una o más autoridades judiciales.
c) El Consejo de Dirección, dando cuenta al Juez de Vigilancia del acuerdo de
traslado, al ser este el encargado de salvaguardar los derechos de los
internos.
d) El Consejo de Dirección, dando cuenta del traslado a las autoridades
judiciales a cuya disposición se encuentra el interno.
100.- La Resolución de 3 de febrero de 1998 de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias dispone, a la vista del Fallo de la Sección Sexta de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (Sentencia de 18 de
octubre de 1.997) la nulidad del artículo 213.4 del Reglamento Penitenciario, ¿a
qué se refería este artículo?
a) A la responsabilidad de la custodia de cierto tipo de medicamentos.
b) A la responsabilidad de la custodia de internos ingresados en hospitales
públicos.
c) Al régimen y modo de visitas de los enfermos infectocontagiosos.
d) A las investigaciones médicas con internos.
101.- En el supuesto de un ingreso en un Centro penitenciario mediante orden
de detención procedente de la Policía Judicial, en la misma deberán constar
expresamente los siguientes extremos:
a) Datos identificativos del detenido, delito imputado, que se halla a
disposición judicial, hora y día de vencimiento del plazo máximo de
detención.
b) Delito imputado y que se halla a disposición judicial.
c) Los antecedentes delictivos y fecha de comisión de los hechos.
d) Que se haya a disposición judicial y hora y día de vencimiento del plazo
máximo (le detención.
102.- Las finalidades perseguidas con las denominadas actividades del régimen
en los Establecimientos Penitenciarios son:
a) El logro de una convivencia ordenada y pacífica.
b) La retención y custodia de los reclusos.
c) La retención y custodia de los reclusos y la consecución de una
convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente
adecuado para la ejecución de los programas de tratamiento e
intervención.
d) Las actividades regimentales se orientan preferentemente a actividades
dirigidas a garantizar la retención y custodia de los internos y se coordinan
con las actividades del tratamiento.
103.- La estancia tic preventivos o penados en el Departamento de ingresos será:
a) La necesaria hasta su traslado a otro Departamento.
b) Como máximo, 72 horas.
c) Como máximo, cinco días y solo podrá prolongarse por motivos de orden
sanitario o para preservar su seguridad.
d) Como máximo, cinco días y no podrá prolongarse en ningún caso.
104.- Previa solicitud del interesado, se concederán visitas de convivencia a los
internos con su cónyuge o persona ligada por semejante relación de afectividad e
hijos que no superen:
a) Los once años de edad.
b) Los doce años de edad.
c) No figura el requisito de la edad.
d) Los diez años de edad.
105.- La separación interior de la población reclusa, conforme a los criterios
establecidos en el artículo 16 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, de los
internos con asignación de régimen ordinario, se ajustará a:
a) A las necesidades o exigencias del tratamiento y los programas de
intervención que se hayan establecido.
b) A las condiciones generales del Centro o a las necesidades de tratamiento y
los programas de intervención diseñados.
c) A las condiciones generales del Centro, al número de internos que albergue
y la dotación de profesionales penitenciarios.
d) A los principios de seguridad, orden y disciplina.
106.- Un penado que se encuentra clasificado en segundo grado de tratamiento
y disfruta habitualmente de permisos de salida ordinarios, es requerido por una
autoridad judicial al Director del Centro Penitenciario donde se encuentra
ingresado, para que asista como testigo en un juicio oral. La sede del Tribunal se
encuentra en diferente provincia, por lo que el responsable del Establecimiento
solicita del Centro Directivo el traslado del interno. ¿Podría el penado, a la vista
de las circunstancias apuntadas, ser autorizado para desplazarse a la sede
judicial por medios propios y sin custodia policial?.
a) En modo alguno, para garantizar su presencia en el juicio y que este no
tenga que suspenderse, la Administración Penitenciaria lo trasladará al
Centro Penitenciario adecuado, y desde este será excarcelado a la sede
judicial.
b) No, esta posibilidad sólo se contempla en los supuestos de penados
clasificados en (tercer grado.
c) Sí, previas autorizaciones del Juzgado o Tribunal requeriente y del Centro
Directivo.
d) Sí, siempre que durante la fecha del juicio se encuentre disfrutando de un
permiso de salida ordinaria previamente aprobado por el Juez de Vigilancia
Penitenciaria.
107.- El respeto a la alimentación, los ritos y días de fiesta de una determinada
confesión religiosa podrá verse limitado, de acuerdo con el artículo 230 del
Reglamento Penitenciario, por:
a) El espacio físico disponible.
b) Las necesidades productivas urgentes.
c) La disponibilidad presupuestaria.
d) La representatividad de creyentes dentro de la población del centro
penitenciario.
108.- Un concejal se dirige por escrito al responsable de un Establecimiento
Penitenciario solicitando visitar a tan interno vecino de su pueblo, con el que no
le unen lazos familiares. Sí se presentara sin más al día siguiente en el
Departamento de Comunicaciones del Centro, ¿se le permitiría la comunicación
solicitada?.
a) No, la comunicación la debería haber solicitado el interno, y, al tratarse de
una persona que no es familiar, previamente debe ser autorizado por el
Director
b) No, debería haber solicitado la comunicación al Centro Directivo puesto
que se trata de un cargo electo.
c) Sí, siempre que acredite su condición de cargo electo (concejal) y que
solicitó la comunicación del Director
d) Si, se le autorizará una comunicación con carácter extraordinario.
109.- Un interno perteneciente a una banda o grupo terrorista solicita del
Director que le autorice una comunicación con un letrado que no es su abogado
defensor. Este letrado se presenta en el Establecimiento Penitenciario
correspondiente portando un documento que le acredita como abogado en
ejercicio y un volante de su colegio donde consta que ha sido designado como
letrado de oficio en un recurso de apelación que se sigue ante la Audiencia
Provincial, ¿se le debería autorizar a comunicar con el interno?.
a) No, tratándose de internos pertenecientes a bandas armadas, deberá
presentar un volante de la autoridad judicial que conozca de las
correspondientes causas.
b) No, pues no presenta autorización dc la autoridad judicial correspondiente,
si el interno fuera un preventivo o del Juez de Vigilancia, sise tratase de un
penado.
c) Sí, en los locutorios especiales para letrados y procuradores, con sujeción
a las normas generales.
d) No, toda vez que no es su abogado defensor, ni acredita con el volante del
Colegio que ha sido expresamente llamado por el interno o sus familiares.
110.- La realización de los recuentos ordinarios se fijan a lo largo de la jornada
regimental en horario aprobado por el Consejo de Dirección. ¿Quién ordena la
ejecución de los llamados recuentos extraordinarios?.
a) El Jefe de Servicios, dando cuenta al Director.
b) El Funcionario encargado del Departamento donde este se lleva a cabo,
dando cuenta al Jefe de Servicios.
c) El Director, a propuesta del Jefe de Servicios, teniendo en cuenta la
situación del Centro y el comportamiento de los reclusos.
d) El Jefe de Servicios, previa comunicación del mismo a las Fuerzas de
Seguridad encargadas de la vigilancia exterior, pues estos recuentos, como
su nombre indica, están previstos para evitar evasiones.
111.- En situaciones especificas, mediando motivos de seguridad, existiendo
razones contrastadas de que un interno oculta en su cuerpo algún objeto
peligroso o sustancia susceptible de causar daño a la salud o integridad física o
alterar la normal convivencia, podrá efectuarse cacheo con desnudo integral,
¿quién autoriza la realización del mismo?.
a) El Director, previa solicitud del Jefe de Servicios y dando cuenta al Juez de
Vigilancia.
b) El Director, valorando convenientemente la existencia de las
circunstancias apuntadas, con asesoramiento del Subdirector de
Seguridad.
c) El Subdirector de Seguridad, como responsable directo de mantenimiento
de la seguridad y la normal convivencia en el interior del Centro.
d) El Jefe de Servicios.
112.- Según establece el artículo 246 del Reglamento Penitenciario, se entenderá
caducado el procedimiento disciplinario, excepción hecha dcl procedimiento
para faltas leves, cuando
a) No se adopte resolución en un plazo máximo de dos meses desde la
iniciación del procedimiento disciplinario.
b) No se practiquen las pruebas propuestas en los tres días siguientes a la
presentación de alegaciones por el interno.
c) Haya transcurrido un año para las faltas muy graves, seis meses para las
graves y un mes para las leves.
d) No se adopte resolución en los treinta días siguientes transcurridos tres
meses desde la iniciación del procedimiento disciplinario.
113.- Según establece el Reglamento Penitenciario, las sanciones impuestas a
internos en procedimientos disciplinarios prescribirán
a) Las impuestas por faltas muy graves a los tres años, por faltas graves a los
dos años y por faltas leves al año.
b) Las impuestas por faltas muy graves a los seis años, por graves a los dos
años y por leves al mes.
c) Cuando el interno abandone el Centro Penitenciario para ser trasladado a
otro por razones judiciales.
d) Las impuestas por faltas muy graves a los seis meses, por faltas graves a
los tres meses y las impuestas por faltas leves al mes.
114.- Las normas relativas a la gestión económico-administrativa de los Centros
Penitenciarios, contenidas en el Título XII del Reglamento Penitenciario, serán
aplicables con carácter supletorio en:
a) Las Comunidades Autónomas que tienen competencia exclusiva en materia
penitenciaria.
b) En todo el Estado, pues la competencia es del Ministerio de Hacienda.
c) Únicamente en las Comunidades Autónomas no peninsulares y en Ceuta y
Melilla.
d) En las Comunidades Autónomas con competencias en ejecución de la
legislación penitenciaria estatal.
115.- El Servicio de Economato en un Centro Penitenciario no podrá ser
gestionado por:
a) La Administración Penitenciaria.
b) El Organismo Autónomo Trabajos y Prestaciones Penitenciarias.
c) Empresas externas por contrato administrativo de servicio.
d) Por una comisión de internos.
116.- La comprobación del estado sanitario de los artículos suministrados en el
racionado de los internos, corresponde a:
a) A un ayudante técnico sanitario, con capacitación especial.
b) A una comisión formada por un médico y un ayudante técnico sanitario.
c) A un médico del Establecimiento.
d) A personal sanitario extrapenitenciario dependiente del Departamento
correspondiente de la Comunidad Autónoma donde se encuentre ubicado
el Establecimiento.
117.- Las normas de organización y funcionamiento de los Establecimientos de
régimen abierto serán:
a) Elaborados por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Consejo de
Dirección.
b) Elaborados por la Comisión Disciplinaria y aprobadas por el Consejo de
Dirección.
c) Elaboradas por el Consejo de Dirección y aprobadas por el Centro
Directivo.
d) Elaboradas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Centro
Directivo.
118.- Como norma general ¿qué horario indica el Reglamento Penitenciario
vigente respecto a las salidas fin de semana para internos en régimen abierto?
a) Como máximo, desde las 16 horas del viernes hasta las 8horas del lunes.
b) No indica nada el Reglamento Penitenciario al respecto, ya que es el Centro
Directivo, mediante Resolución, quien debe regular el horario de' las
salidas.
c) Como máximo desde las 10horas del sábado hasta las 8 horas del lunes.
d) Como máximo desde las 18 horas del viernes hasta las 18 horas del
domingo.
119.- Los medios coercitivos contemplados en el artículo 72.1 del Reglamento
Penitenciario a los efectos del artículo 45.1 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria ¿podrán ser aplicados a un interno que se encuentra ingresado en
la Enfermería del Centro, convaleciente de una enfermedad grave?.
a) Sí, si de la actuación de éste pudiera derivarse un inminente peligro para
su integridad o para la de otras personas.
b) Sí, siempre que se den las circunstancias previstas en el articulo 45.1 de la
Ley Orgánica General Penitenciaria, previa autorización del médico en
todos los casos.
c) No, está expresamente prohibido en el párrafo 2~ del artículo 72 del
Reglamento Penitenciario
d) No, habría que buscar otros medios diferentes, con asesoramiento de los
servicios médicos.
120.- Durante el disfrute dé un permiso de salida, un interno penado clasificado
en tercer grado es detenido por la comisión de un presunto delito ingresando,
más tarde, preso a disposición de un Juzgado de Instrucción, en el Centro
Penitenciario donde se encontraba cumpliendo condena. ¿Cuál será el tipo de
régimen que se le aplicará en el Centro?.
a) Continuará en régimen de semilibertad, pues debe prevalecer el principio
constitucional de presunción de inocencia.
b) Se le asignará, con carácter provisional y hasta tanto sea aprobado por el
Centro Directivo, el régimen cerrado, pues al cometer un nuevo delito ha
denotado una manifiesta inadaptación al régimen común.
c) Se pedirá al Tribunal Sentenciador que deje en suspenso la ejecución de la
pena, por lo que será considerado preventivo a todos los efectos,
aplicándosele un régimen donde prime el principio de presunción de
inocencia.
d) Se le asignará el régimen ordinario.
121.- La impresión producida por las yemas de los dedos cuando se ponen en
contacto con una superficie lisa o pulimentada, es un dactilograma:
a) Natural.
b) Latente.
c) Artificial.
d) Digital.
122.- Los dactilogramas y cualesquiera otros dibujos formados por las crestas
papilares que aparece en las yemas de los dedos de las manos no se modifican a
lo largo de la vida del sujeto, ¿qué nombre recibe esta cualidad?
a) Perennabilidad.
b) Inmutabilidad.
c) Diversidad.
d) Durabilidad.
123.- A un interno penado, clasificado en 20 grado, ¿podrá el Director aplicarle
las limitaciones regimentales previstas en el artículo 75 dcl Reglamento
Penitenciario, cuando aprecie una evolución muy negativa en relación a la
conducta de éste, que se manifieste en la comisión reiterada y sostenida en el
tiempo de faltas muy graves?.
a) No, tratándose de un penado clasificado en 20 grado, lo que procedería es
proponer la regresión al Centro Directivo.
b) No, las circunstancias del articulo 75 del Reglamento Penitenciario sólo
están previstas para salvaguardar la vida o integridad física del recluso.
c) Si, mediante acuerdo motivado para garantizar la seguridad y el
orden del Establecimiento, dando cuenta al Juez de Vigilancia.
d) No, ante lo gravoso de la limitación, sólo cabe solicitar traslado a otro
Establecimiento.
124.- La actividad penitenciaría en régimen abierto tiene por objeto, conforme
establece el articulo 83 del Reglamento Penitenciario.
a) Potenciar las capacidades de inserción social positiva de los penados
clasificados en tercer grado.
b) La atenuación de las medidas de control dentro y fuera del
Establecimiento.
c) Facilitar su participación plena en la vida familiar, social y laboral, a través
de la normalización social e integración.
d) Ayudar y orientar a los internos para utilizar los servicios de organización e
instituciones para conseguir su integración social.
125.- Un interno clasificado en primer grado de tratamiento, es trasladado a otro
Establecimiento Penitenciario, dotado de dependencias para garantizar una
adecuada clasificación interior de los internos. Es ubicado, a pesar de su
clasificación, en un Departamento destinado a albergar internos en régimen de
vida ordinario, donde se le asigna, por no quedar celdas libres, una celda que
compartirá con otro interno. Conforme a la normativa vigente, ¿serían correctas
estas actuaciones?.
a) Sí, la ley permite cuando hay insuficiencia de alojamientos recurrir a
dependencias colectivas.
b) Sí, si los profesionales que lo visitan y entrevistan en el Departamento de
Ingresos, formulan propuestas de inclusión en un grupo de internos en
régimen ordinario, el destino es correcto.
c) No, debería haber sido destinado a un Departamento de régimen cerrado y
debería habérsele asignado una celda individual.
d) No, es correcto que pueda ser ubicado en un Departamento destinado a
albergar internos con asignación de régimen de vida ordinaria, pero
debería ocupar celda individual.
126.- El Consejo de Administración del Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias deberá reunirse, corno mínimo,
a) Una vez al semestre.
b) Una vez al año.
c) Tres veces al año
d) Dos veces al año.
127.- La relación laboral penitenciaria está incluida entre las relaciones laborales
de carácter especial. en virtud de lo dispuesto en:
a) La Ley Orgánica 1/1.979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.
b) El Real Decreto Legislativo 1/1.995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
c) El Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/1.996, de 9 de
febrero.
d) El Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1.201/1.981, de 8
de mayo.
128.- Las infracciones y sanciones laborales de los trabajadores penitenciarios
encuadrados en la relación laboral especial penitenciaria se regirán por lo
dispuesto en:
a) El Titulo X del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto
190/1.996, de 9 de febrero.
b) Los artículos 108 a 111 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real
Decreto
c) 1.201/1.981
d) El artículo 58 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en lo que resulte aplicable a dicha relación laboral especial.
e) El Real Decreto 326/1.995, por el que se regula el Organismo Autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
129.- Los sujetos de la relación laboral especial penitenciaria son:
a) El Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano
autonómico competente, de un lado, y el empresario exterior que
suministra el trabajo, del otro.
b) La Dirección General de Instituciones Penitenciarias u órgano autonómico
competente, dc un lado, y el empresario exterior que suministra el trabajo,
de otro.
c) La Dirección General de Instituciones Penitenciarias u órgano autonómico
competente, dc un lado, y los internos, trabajadores, de otro.
d) El Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano
autonómico competente, de un lado, y los internos trabajadores, de otro.
130.- La reasignación de modalidades de vida en el régimen cerrado se acuerda
por:
a) La Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico, con
autorización del Centro Directivo.
b) La Junta de Tratamiento, con información de los Jefes de Servicios y
funcionarios que desarrollan habitualmente sus tareas en el Departamento
de régimen cerrado.
c) La Junta de Tratamiento, con autorización del Juez de Vigilancia que debe
conocer de los traslados e ingresos de los internos de régimen cerrado en
los diferentes Centros Penitenciarios.
d) Lo acuerda el Centro Directivo, a propuesta de la Junta de Tratamiento.
131.- En un Centro Penitenciario se recibe a través del Servicio de Correos una
carta dirigida a un interno que tiene las comunicaciones escritas intervenidas.
En el remite del sobre se hace constar que éste procede del Adjunto del Sindic de
Greuges de Catalunya. El funcionario encargado de la Unidad del servicio de
comunicaciones y visitas, al tener el interno intervenidas las comunicaciones,
procede a abrir el sobre y conocer el contenido del escrito, ¿es correcta esta
forma de actuar?.
a) Si, en los supuestos de intervención de comunicaciones escritas, las únicas
que no pueden ser objeto de esta medida son las que se mantengan con
autoridades judiciales, miembros del Ministerio Fiscal y sus abogados
defensores.
b) No, la carta debería haberse abierto en presencia del interno destinatario.
c) No, está expresamente prohibida cualquier tipo de intervención de las
comunicaciones de los reclusos con los Adjuntos de los Defensores del
Pueblo de las Comunidades Autónomas.
d) Si, aunque teniendo en cuenta que el idioma utilizado en el sobre no es
castellano y pudiera plantear dudas, deberla haberse remitido para su
traducción al Centro Directivo.
132.- La Junta de Tratamiento de un Centro Penitenciario propone al Centro
Directivo la regresión de segundo grado a primer grado de un interno del Centro
que quebrantó condena al no reingresar de un permiso de salida ordinario de
cuatro días, autorizado por el Juzgado de Vigilancia, que ha ingresado
nuevamente, sin que conste que haya cometido nuevos delitos. En función de las
variables y factores que deben tenerse en cuenta para clasificar a un interno en
primer grado, ¿podría ser atendida la propuesta de regresión por el Centro
Directivo?.
a) Si, quebrantar condena denota una evolución negativa en el pronóstico de
integración social, y ello debe ser suficiente para acordar la regresión.
b) Si, ya que el quebrantamiento puede ser considerado una falta muy grave
del articulo 108 del R.P. aprobado por Real Decreto 1201/81, vigente
conforme a la Disposición Derogatoria del actual Reglamento y, en
consecuencia, procederá la regresión.
c) No, no reingresar de un permiso penitenciario puede constituir un delito de
los contemplados en el capítulo VIII del Titulo XX del Código Penal y, en
consecuencia y teniendo en cuenta el principio de presunción de inocencia,
hasta que no recaiga sentencia no podrá plantearse la regresión degrado.
d) No, ya que esta circunstancia no se contempla entre las variables a tener
en cuenta para determinar la peligrosidad extrema o inadaptación
manifiesta y grave que han de ponderarse para la clasificación en primer
grado.
133.- La recomendación (87> 3 adoptada por el Comité de Ministros de los
Estados miembros del Consejo de Europa el 12 de febrero de 1987, se refiere a:
a) Prestaciones sanitarias a los reclusos.
b) Normas destinadas a reclusos extranjeros.
c) Las Reglas mínimas penitenciarias europeas.
d) Desarrollo de unidades destinadas a madres con hijos en los
Establecimientos Penitenciarios.
134.- El plazo máximo establecido en el Reglamento Penitenciario para que el
Centro Directivo se pronuncie sobre el mantenimiento o cambio de grado cuando
la Junta de Tratamiento no lía considerado oportuno proponer cambio alguno en
la clasificación y el interno ha solicitado la remisión del informe correspondiente
es de:
a) Dos meses desde su recepción.
b) Hasta cuatro meses, si se acuerda ampliar el plazo para la mejor
observación de la conducta.
c) El Reglamento no contempla la existencia de plazo en estos supuestos.
d) Dos meses desde que se notifica el acuerdo al interno.
135.- ruede una Comunidad Autónoma con competencias ejecutivas en materia
penitenciaria, crear o suprimir órganos colegiados fuera de ION contemplados en
el artículo 265 del Reglamento Penitenciario.
a) No, este precepto llene carácter imperativo.
b) No, sólo es posible en aquellas Comunidades Autónomas que tengan
competencias legislativas y ejecutivas en materia penitenciaria.
c) Sólo en relación con los órganos colegiados relacionados con la gestión
económica.
d) En virtud de su potestad de autorganización está previsto que éstas
puedan establecer los órganos colegiados que consideren convenientes en
los Centros Penitenciarios que dependan de las mismas.
136.- Las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos fueron redactadas:
a) En el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1950.
b) Por el Congreso de Naciones Unidas, en la Resolución 2076 (LXII) de 1977
c) En el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955.
d) Por el Consejo de Naciones Unidas, en su Resolución 663 CI (XXIV) de
1957.
137.- No es una función asignada al Consejo de Dirección:
a) Elaborar las normas de régimen interior de los Departamentos de Régimen
Cerrado.
b) Fijar los horarios de los recuentos ordinarios.
c) Adoptar cuantas medidas resulten necesarias en los casos de alteración del
orden del Centro, dando cuenta inmediata al Centro Directivo.
d) Adoptar las medidas regimentales urgentes para resolver cualquier
alteración individual o colectiva del ordenen el Centro.
138.- Adoptar con carácter provisional en relación con los servicios del área de
vigilancia, las medidas indispensables para mantener el orden en el Centro,
corresponde a:
a) El Director.
b) El Jefe de Servicios.
c) El Subdirector de Seguridad.
d) El Consejo de Dirección.
139.- Los internos podrán ser autorizados a disponer de ordenador personal,
cuando:
a) Lo hagan aconsejable o necesario razones de carácter educativo o cultural.
b) Cuando lo apruebe la Junta de Tratamiento a propuesta del profesor o
tutor.
c) No está permitido a los internos, por razones de seguridad, poseer
ordenadores personales, sólo podrán acceder a éstos cuando ejecuten
actividades formativas de este orden en el Centro
d) Únicamente en aquellos Centros donde las normas de régimen interior así
lo establezcan.
140.- la posición doctrinal dominante en nuestro país considera que el Derecho
Penitenciario:
a) Se encuentra subordinado al Derecho Procesal Penal.
b) Debe considerarse como una rama subsidiaria del Derecho Administrativo.
c) Goza de un elevado grado de autonomía respecto a otras pautas del
Derecho.
d) Es claramente dependiente de la Penología y la Criminología.
141.- El tratamiento penitenciario en el Reglamento Penitenciario de 1996, a
diferencia del Reglamento de 1981.
a) Se configura como un deber y un derecho del interno.
b) Adopta una concepción más amplia y omnicomprensiva.
c) Es entendido como el fin exclusivo de la actividad penitenciaria.
d) Se destina básicamente a los internos penados.
142.- Las Unidades Dependientes a las que hace referencia el artículo 165 del
Reglamento Penitenciario
a) Deben ubicarse lo más próximo que resulte posible al Centro Penitenciario
del que dependan.
b) Las normas de funcionamiento las aprueba la Junta de tratamiento del
Centro Penitenciario del que dependen.
c) Su funcionamiento es ajeno, administrativa y funcionalmente de cualquier
Centro Penitenciario.
d) En Administrativamente, dependen siempre de un Centro Penitenciario.
143.- El principio de flexibilidad introducido en el Reglamento Penitenciario de
1996 se refiere a:
a) La combinación de aspectos característicos de los diferentes grados de
clasificación dentro del programa individualizado de tratamiento.
b) El desarrollo de departamentos mixtos que intenten paliar la
desestructuración de grupos familiares.
c) La redefinición del régimen cerrado estableciendo dos modalidades de vida.
d) La regulación de los mecanismos de aplazamiento, suspensión de la
efectividad y reducción o revocación de sanciones impuestas.
144.- Los derechos de los internos podrán ser suspendidos parcial y
temporalmente;
a) Nunca, tal y como ordena el art. 25.2 de la Constitución española.
b) Por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
c) En casos de alteraciones graves del orden en un centro que haya obligado
a la autoridad penitenciaria a requerirla intervención de los Cuerpos de
Seguridad del Estado.
d) Por un plazo no superior a 72 horas.
145.- ¿Cuántas horas diarias de salida al patio disfrutarán los internos
destinados en un Departamento Especial?
a) Como mínimo, cuatro horas diarias, que podrá aumentarse hasta tres
horas más para la realización de actividades programadas.
b) Como máximo, cuatro horas diarias.
c) Como mínimo, tres horas diarias, que podrá ampliarse hasta tres horas
diarias para la realización de actividades programadas.
d) Como mínimo, dos horas diarias.
146.- La Ley Orgánica General Penitenciaria dedica al tratamiento su Titulo
111, definiéndolo como: "el conjunto de actividades directamente dirigidas a la
consecución de la reeducación y reinserción social de los penados", en su
articulo:
a) Articulo 62.
b) Articulo 72.
c) Articulo 59.
d) Artículo 69.
147.- Según la norma 5 del art. 46 del Reglamento Penitenciario, cuando por
razones de seguridad, buen orden del Establecimiento o del interés del
tratamiento, el Director acuerde la intervención de las comunicaciones escritas,
esta decisión se comunicará:
a) Al interno afectado.
b) Al Centro Directivo y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
c) Al interno afectado y a la Autoridad Judicial de que dependa si se trata de
un detenido o preso, o al Juez de Vigilancia sise trata de un penado.
d) A la Autoridad Judicial de que dependa si se trata de detenidos o presos, o
al Juez de Vigilancia si se trata de penados, no siendo necesario comunicar
la decisión a los internos afectados porque se frutarían los objetivos de la
intervención.
148.- La utilización de los medios coercitivos será previamente autorizada por:
a) El Consejo de Dirección, salvo que razones de urgencia no lo permitan.
b) El Director, salvo que razones de urgencia no lo permitan, en cuyo caso se
pondrá en su conocimiento inmediatamente.
c) El Jefe de Servicios, dando cuenta inmediata al Subdirector de Seguridad.
d) La Comisión Disciplinaria, salvo que razones de urgencia no lo permitan.
149.- La creación de nuevas Unidades Dependientes se llevará a cabo:
a) Mediante firma de un Convenio de colaboración entre la Administración
Penitenciaria y asociaciones u organismos no penitenciarios.
b) Por Orden Ministerial o resolución autonómica equivalente.
c) Por acuerdo del Consejo de Dirección del Establecimiento del que vayan a
depender, a petición de la organización colaboradora, previo informe de la
Junta de Tratamiento.
d) Mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros.
150.- La asistencia de un penado clasificado en tercer grado a un Centro de
deshabituación de consumo de drogas lo autorizará
a) El Consejo de Dirección.
b) El Centro Directivo.
c) El Juez de Vigilancia.
d) La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario.



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